MUJERES DE HIDALGO VS. LOS DELITOS DIGITALES

En 2018, un grupo privado de redes sociales difundió fotos íntimas de niñas y mujeres, sin su autorización; las víctimas buscan que otros casos de este tipo no vuelvan a pasar

Colectivas en el estado trabajan con víctimas que han sufrido filtración de imágenes y videos íntimos en internet; acusan falta de protocolos de atención por parte de las autoridades

Pachuca.— Escondidos detrás de una pantalla de un celular o de una computadora, fue así como novios, amigos, esposos o alguien en el anonimato cometieron un delito, violencia digital, y expusieron la intimidad de al menos 540 niñas, adolescentes y mujeres hidalguenses en un grupo de Facebook.

Han pasado cinco años desde que estas mujeres, de la nada, vieron trastocada su vida. A través de redes sociales, en 2018 apareció un grupo denominado Quemones Pachuca, que empezó a difundir carpetas con fotografías íntimas e información personal de cientos de niñas y mujeres cuyas edades oscilaban entre los 13 y 30 años.

Las fotografías llegaron a este repositorio de distintas maneras y sin consentimiento; las víctimas confiaban en sus parejas y éstas las fotografiaron o grabaron ilegalmente. Incluso en la calle fueron fotografiadas por debajo de la falda. También en otros casos el material fue robado de sitios donde reparaban celulares.

Martha es integrante del colectivo Código Violeta, y aunque su vida no ha estado alejada del activismo, tampoco estaba al frente de una asociación. La mujer relata que la organización surgió en 2020 como un refugio de mujeres víctimas de violencia digital que no sólo sintieron dolor y vergüenza, sino incluso algunas pensaron que ya no tenían ganas de vivir. Actualmente son mujeres más fuertes que luchan para que otras no pasen lo mismo y para que sepan que nadie les puede decir que un delito en la web no es imposible controlar.

Son delincuentes

Martha y una sobreviviente de este caso, señalan que lo sucedido fue un delito y debe decirse tal cual.

“Hay mujeres que deciden dedicarse dentro de su autonomía a la pornografía, y hay hombres que les gusta consumir esta industria, y tienen en la mente que es algo consensuado, pero no estamos hablando de lo mismo, estos son violadores”, dice Martha.

Ellas explican que quienes consumen packs, es decir, fotos que fueron tomadas sin consentimiento, de una niña de secundaria, es porque son pedófilos y si ven videos de niñas que fueron grabadas sin su consentimiento, entonces hablamos que son violadores y es abuso sexual infantil, enfatizan.

¿Qué sucedió?

En 2018, fue alertada por una de sus amigas que en un grupo de Facebook llamado Quemones Pachuca se encontraba su fotografía; inmediatamente la buscó y para su sorpresa no sólo estaba ella, sino también cientos de fotografías de chicas, algunas, de sus conocidas.

Alertada sobre este suceso, Gaby decidió no ser una víctima, sino por el contrario, agrupó a sus compañeras a través de un grupo de WhatsApp, y de cinco jóvenes que iniciaron, el grupo creció hasta 200.

Inicialmente eran 40 carpetas colaborativas con las fotos de adolescentes y mujeres. En ese momento algunas de las jóvenes buscaron ayuda; sin embargo, no pasó nada y el tema se quedó ahí. Llegó la pandemia y la carpeta colaborativa creció de manera brutal, señalan. El aumento de ésta se dio debido a que, para tener acceso, se pedían nuevas carpetas con fotografías de jóvenes reales, por lo que las imágenes tenían que ser de alguna red social, incluir teléfono y domicilio.

“Esto agravó el delito, sobre todo por la seguridad de las niñas, ya que no sabíamos si algún sujeto se podía obsesionar con alguna de ellas y conocía absolutamente toda su información”, refiere Martha.

En el momento en que el asunto sobrepasó a las afectadas, algunas recurrieron a sus padres, pero la mayoría de las jóvenes tenían temor de lo que diría su familia.

Al saber de este caso, los padres de las víctimas comenzaron a investigar y detectaron que el drive con las carpetas se encontraba almacenado en Australia. Lo que siguió entonces fue una lucha en busca de justicia y de que el drive desapareciera de las redes.

Hasta el momento la mayoría de los involucrados permanecen impunes y sólo está en prisión uno de ellos, quien vendía la liga para acceder a la carpeta en 100 pesos.

Continuar el proceso con las autoridades no fue fácil para las 200 jóvenes. Sólo 132 continuaron con la denuncia, esto debido a que cada día eran revictimizadas y no encontraban justicia. De ese grupo, 44 eran menores de edad, y en esos casos el delito es de pornografía infantil, que ya está legislado; sin embargo, las autoridades no lo investigaron así.

Les quitaron las ganas de vivir

Muchas de las jóvenes decidieron no continuar las denuncias debido a que tenían que enfrentar el enojo de sus padres y la falta de apoyo. Algunas incluso quisieron suicidarse, explica Martha. “Cuando conocimos estos casos, recuerdo a una de las jóvenes a quien le tuvimos que dar contención, ya que todos los días señalaba: ‘hoy es el día’. Ella pensaba que al pasar una camioneta grande o un autobús se arrojaría y se quitaría la vida.

“Pero no sólo ella, teníamos niñas a quienes debíamos atender a cualquier hora del día, ya que la mayoría presentaba cuadros de depresión, ansiedad o intentos de suicidio. Quienes estuvieron ahí siempre fueron las madres”, destaca Martha.

La ahora activista cuenta que en una de las visitas a la Procuraduría de Justicia con el entonces titular Raúl Arroyo, éste destacó que no había nada qué hacer, debido a que era un delito cibernético y no tenían la manera como pudieran actuar.

“Recuerdo a una de las chicas que de manera muy valiente se levantó y dijo: ‘yo tengo 16 años y desde que nací había internet, por lo cual, esa no es una excusa, pónganse a trabajar’”, relata la mujer.

Pero no sólo era con el procurador, lo mismo sucedía con los ministerios públicos que tomaban las declaraciones. “Hacen falta protocolos para atender estos casos”, dice.

Con el ánimo por los suelos, muchas jóvenes decidieron retirarse de su lucha y otras se quedaron, sólo 43 mantuvieron la denuncia.

El colectivo Código Violeta buscó la ayuda de la activista Olimpia Coral Melo y se dio nuevo aire a esta exigencia, por lo que se logró en Hidalgo la aprobación de la Ley Olimpia el 4 de marzo de 2021. Cuatro meses después se dio la detención de uno de los involucrados, José Luis Alvarado Hidario, detenido el 5 de julio de 2021 por el delito de abuso sexual equiparado y fue el primer aprehendido luego de la aprobación de la Ley Olimpia. Sin embargo, el sujeto logró salir de prisión sólo seis semanas después.

Fue hasta julio de este año que se cerró este mercado digital de explotación sexual, con un contenido total de 697 mujeres. El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia, Santiago Nieto Castillo, ofreció una disculpa pública a las mujeres víctimas de violencia digital.

Asimismo, el drive que se encontraba almacenado en el grupo mega de Australia fue desactivado luego de la intervención de agencias estadounidenses.

En agosto de 2023 nuevamente Alvarado Hidario fue detenido y recluido en prisión.

Salir de la vergüenza y meterlos a ellos

La lucha continúa. Ahora se busca identificar a los agresores de este tipo de violencia digital, que para las autoridades, mientras ocurra en internet, es como si no pasara porque no la ven tangible; sin embargo, es una violencia que se encuentra permanentemente, destacan las activistas.

Con las jóvenes aún se trabaja en enseñarles y explicarles que ellas son las víctimas, que no es un delito sacarse una fotografía, tampoco compartirla. El delito lo comete quien viola la intimidad, quien comparte, difunde o vende la fotografía sin consentimiento.

También se busca dar con la identidad de aquellos hackers que ofrecieron bajar las fotos de las jóvenes a cambio de que les compartieran algunas únicamente a ellos. Así como de los sujetos que comenzaron a acosarlas y chantajearlas.

“Recuerdo a una de las jóvenes a quien le tuvimos que dar contención, ya que todos los días decía: ‘hoy es el día’. Se quería suicidar” MARTHA Integrante del colectivo Código Violeta