Violencia obstétrica, del maltrato al homicidio culposo

Una investigación de la periodista Marcela Nochebuena publicada la semana pasada aborda 10 casos de pacientes del doctor Jesús E. Luján Irastorza, médico especializado en Ginecología y Obstetricia, del Hospital Bité Médica.

Los casos narrados por Nochebuena son susceptibles de ser investigados por la vía penal o judicializados por la vía civil. Se trata de mujeres que contrataron loscuidados y servicios del d oc tor Luján con resultados funestos. Entre los casos documentados se encuentran: el fallecimiento de una bebé en término tras un embarazo sin complicaciones, la inducción de partos sin el consentimiento de las madres, el manejo inadecuado de óvulos en el contexto de tratamientos de fertilidad y la delegación de funciones médicas en personal no especializado con consecuencias graves para las pacientes y sus hijos. La investigación abarca hechos sucedidos a lo largo de más de dos décadas entre mujeres que no se conocían entre sí. Nochebuena tiende los puentes entre incidentes que comparten un común denominador: un mismo médico.

Las preguntas obligadas que se derivan de la investigación periodística es si existen mecanismos para prevenir y sancionar casos como estos .¿ Existe un marco legal robusto que a borde la negligencia médica y especialmente aquella ocurrida en la especialidad ginecológica y obstétrica? ¿Es la Conamed una instancia efectiva ante situaciones tan graves como las narradas por Nochebuena? ¿Es el juicio civil el mecanismo apropiado para evaluar la idoneidad de un tratamiento médico? ¿Puede el sistema penal sancionara un profesional de la salud? ¿Deben las procuradurías investigar conductas de una misma persona ante indicios de patrones o prácticas recurrentes que han tenido consecuencias letales?

Según la encuesta Endireh 2021, publicada por el Inegi, cerca del 30% de las mujeres mexicanas sufren violencia obstétrica. Las modalidades de violencia abarcan un abanico amplio que incluye maltrato psicológico y físico, así como la sujeción a tratamientos médicos no autorizados como los que narran quienes fueran pacientes del doctor Luján. Tan solo la proporción de víctimas reportadas por el Inegi debería de ser suficiente para convocar una intervención de urgencia. Lamentablemente, no parece haber política pública en curso. Según el propio Instituto, la prevalencia de violencia obstétrica observada en el 2021 fue mayor de aquella contabilizada en 2016. Vamos peor.

Hace apenas unos días el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa pretende ampliar el marco de protección a las mujeres y evitar así la violencia obstétrica.

Para asociaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) la tipificación de la violencia obstétrica como delito penal no erradica este tipo de violencia ni contribuye al acceso a la justicia de las víctimas. Para GIRE, el problema es, entre otros, que el sistema penal es incapaz de cumplir con una reparación integral. Algo más, la penalización a personas en particular no logra atacar actitudes y prácticas sistémicas; los problemas se repiten.

Independientemente de las debilidades del sistema penal, no es admisible permitir la impunidad en casos concretos. Entre los incidentes sufridos por pacientes del doctor Luján, hay algunos que podrían tipificarse como homicidio culposo. Aquí, es claro que el Estado debe intervenir; son casos que deben perseguirse de oficio, sin necesidad de exigir una denuncia por parte de las víctimas. •