Coparmex: 3.1 millones, vulnerables por reforma

Por eliminación de la subcontratación, trabajadores quedarán en el limbo y en estado de indefensión, alerta

Alrededor de 3.1 millones de trabajadores quedarán “en el limbo y en estado de indefensión” de no ajustarse los artículos transitorios de la reforma que modifica el esquema de subcontratación (outsourcing), advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Sobre todo, señaló que debe darse más tiempo a las empresas del sector privado para hacer los ajustes que marca la ley, considerando que el gobierno tendrá hasta el 1 de enero de 2020 para apegarse a esos cambios.

El problema es que ante el poco tiempo que se otorgó, que vence este sábado, así como por la falta de claridad sobre las reglas de las 400 mil empresas que ofrecen servicios de subcontratación, 387 mil 500 no han logrado registrarse en el padrón o registro de personas físicas y empresas que presten servicios especializados, por el cual obtendrán la Constancia de Aviso de Registro.

Hasta el 24 de junio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contabilizó medio millón de trabajadores que se trasladaron a plantillas de las empresas que antes los subcontrataban. Para esa fecha, sólo 8 mil empresas solicitaron el registro de inscripción, pero de la cuarta semana de junio a la segunda de julio se sumaron 4 mil 500 más.

Se estima que cerca de 4.7 millones de personas laboraban bajo el esquema de subcontratación, pero apenas 1.6 millones han migrado a la nómina de las empresas.

Además, el 1 de agosto próximo entrarán en vigor las disposiciones fiscales en materia de subcontratación y el 22 de agosto será la fecha límite para que las personas físicas y morales que presten servicios de subcontratación obtengan su registro.

La Coparmex expuso que las empresas intentan ajustarse a la reforma, pero “el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos tan reducidos que para tal efecto otorgó la autoridad al sector privado, donde claramente existe un trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno, a quienes se les dio como concesión un plazo al 1 de enero de 2022”.

Por ello, diversas empresas tramitaron amparos para que el Poder Judicial les diera protección, al considerar que las disposiciones

en outsourcing son violatorias a los artículos 1 y 4 constitucionales, al considerar que para el sector privado el plazo se termina antes que para la autoridad.

“Bajo esa tesitura, hacemos un llamado a la autoridad laboral y al Poder Legislativo a fin de homologar los plazos otorgados a la iniciativa privada al 1 de enero de 2022, con la finalidad de estar en posibilidad por parte de las empresas para llevar a cabo la transición con sus empleados y contratos de servicios especializados con proveedores y así cumplir con la normatividad vigente”, dijo el organismo empresarial.

El sindicato patronal pidió al senador Ricardo Monreal (Morena) y a la senadora Kenia López Rabadán (PAN) la ampliación del plazo al 1 de enero del próximo año.