El problema de AMLO y FGR de ir contra Gallardo

El estado de San Luis Potosí se ha convertido en un dilema para Andrés

Manuel López Obrador y para el fiscal General de la República,

Alejandro Gertz Manero, pues la decisión de actuar contra el gobernador electo Ricardo Gallardo no garantiza liberar a la entidad de un gobierno en el que muy probablemente reine la corrupción y los presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por el contrario, eliminar de la gubernatura al representante del

Partido Verde, y a sus vínculos con el clan de Miguel Ángel Mancera y Héctor Serrano, significa entregar el estado al grupo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca,

quien con su desafuero, orden de aprehensión y presuntos vínculos con el crimen organizado, siempre estuvo detrás del candidato de la alianza, Octavio Pedroza.

De no ser por el desastre de Clara Luz Flores en Nuevo León, la candidata Mónica Rangel en el estado potosino hubiera sido la única de los abanderados de Morena en obtener apenas arriba de 10% de los votos, una proporción que ya estaba calculada porque el dirigente Mario Delgado negoció con los impulsores de Gallardo para que él terminara siendo el vencedor en esa contienda. En este punto habrá que anotar entre esos impulsores a Héctor Serrano y a Miguel Ángel Mancera, quienes a cambio habrían comprometido algunos votos de legisladores para aprobar las reformas de la 4T.

La negociación, ocurrida a principios de la actual legislatura, pareció en su momento sencilla: arrebatar al PRI la gubernatura de ese estado y afianzar la alianza con un PVEM que se perfilaba como el bloque aliado que daría a Morena la mayoría en el Congreso, sin importar que el personaje que se perfilaba como candidato, alguien apodado El Pollo, tuviera diversos señalamientos por actos de corrupción como funcionario público, procesos por defraudación fiscal en administraciones pasadas y acusaciones de tratos con la delincuencia.

El escenario se puso más complicado cuando los movimientos financieros de Gallardo y sus familiares, las empresas y las propiedades llamaron la atención del aparato anticorrupción de la 4T. La UIF, de Santiago Nieto, interpuso dos denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el anunciado desde entonces aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí.

Con la información de estas denuncias y nuevos datos que se recabaron en la campaña, la FGR se debate entre procesarlo con la FECC, con la FEDE o con la FEMDO, es decir por corrupción, por delito electoral o por delincuencia organizada.

El problema es que, de anular la victoria de Gallardo en San Luis Potosí, el estado podría entregarse a Cabeza de Vaca, quien financió las aspiraciones de Octavio Pedroza y colocó a su gente cercana a operar la campaña del aliancista, con el objetivo de formar un bloque entre los dos estados y además un corredor por el que transiten todo tipo de mercancías.

Recientemente Santiago Nieto confirmó que fueron congeladas 13 cuentas bancarias relacionadas con empresas que canalizaron recursos a las campañas políticas potosinas y que estaban relacionadas con el gobernador tamaulipeco. El objetivo era que Octavio Pedroza se llevara la victoria, lo que por cierto estuvo a punto de suceder, ya que hubo menos de 4 puntos de ventaja entre el primero y el segundo lugar.

En este contexto es que se dificulta en Palacio Nacional proceder contra los delitos que le imputan a Ricardo Gallardo, porque más allá de los desencuentros que se tienen con Miguel Ángel Mancera por el caso de la Línea 12 y de los amagos que Manuel Velasco, del Verde, haga para que no cuenten con sus votos en el Congreso, el gobernador García Cabeza de Vaca es aún un más odiado rival.

De anular la victoria de Gallardo en San Luis Potosí, el estado podría entregarse a Cabeza de Vaca, quien financió a Octavio Pedroza