Ajustar la estrategia

El próximo 26 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito, fecha importante que nos invita a la reflexión sobre el papel que los Estados deben tener en esta lucha. El narcotráfico y la delincuencia organizada son dos fenómenos que, aunque proceden del mismo origen, afectan a los países de diversas formas. Las organizaciones criminales en los últimos años se han nutrido del tráfico y venta de estupefacientes, para convertirse en organizaciones de tipo empresarial, con presencia en varios países, expandiendo su ámbito de operación hacia otras actividades delictivas, con lo que se aproximan al modelo de los grupos mafiosos italianos.

Hace 50 años el gobierno de EU inició su lucha contra las drogas y obligó a los países productores o de trasiego a sumarse a su mal llamada guerra contra el narcotráfico, pero sin enfrentar la verdadera causa, que es el problema de salud pública que sigue padeciendo por el gran consumo de drogas entre su población y la demanda que generan.

Los países de producción o trasiego de estupefacientes, además de sufrir la problemática de salud que generan las drogas, han visto desarrollarse en su territorio grupos criminales que intentan controlar al Estado mismo. Los norteamericanos no han controlado la demanda de drogas de su población, ni el flujo de armas y recursos ilícitos que sustenta a los grupos delincuenciales.

Los grupos criminales se convirtieron en empresas criminales transnacionales, que se están introduciendo cada vez más en la economía y en el gobierno de los países que los padecen, intentan asumir la dirección de los gobiernos, y su único interés es la obtención de mayor control y ganancias económicas.

Debemos continuar con la estrategia planteada por la ONU; el incremento del consumo de estupefacientes en más de un 30% en la última década, los 35 millones de seres humanos con trastornos por adicción, la mutación hacia nuevas y más peligrosas drogas, así lo exige. Esa estrategia requiere reforzarse y alinearse a las convenciones internacionales como la de Viena de 1988 y Palermo.

La prioridad del Estado Mexicano debe ser combatir a la DO, atender el tráfico de dogas como un problema de salud pública y hacer respetar el estado de derecho, solo así frenaremos el crecimiento del crimen organizado y su ambición de controlar al Estado. En la responsabilidad propia y compartida que asumamos está la verdadera solución a ese grave problema.