UNA PRÁCTICA USADA DESDE GOBIERNOS DEL PRI

Las investigaciones sobre actividades de periodistas en México son habituales desde las administraciones del PRI y el PAN; varios de ellos han sido objeto de ciberataques

El espionaje a periodistas no es nuevo. En los gobiernos del PRI y del PAN, el seguimiento de cuerpos de inteligencia a las actividades de comunicadores fue algo cotidiano, de acuerdo con documentos oficiales.

El espionaje a periodistas no es nuevo. En los gobiernos del PRI y el PAN, el seguimiento por parte de organismos de inteligencia a las actividades de comunicadores fue algo cotidiano.

EL UNIVERSAL ha revelado desde 2019 los expedientes realizados por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y sus sucesoras, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), sobre reconocidos periodistas como Jacobo Zabludovsky, Elena Poniatowska, Miguel Ángel Granados Chapa, Manuel Buendía y Julio Scherer García (padre de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente López Obrador).

También se siguieron con detalle las actividades de presentadores de televisión como Raúl Velasco y José Ramón Fernández o, incluso, del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga.

Igual que ocurría con políticos, líderes sindicales, luchadores sociales o guerrilleros, los organismos de inteligencia contaban con todos sus datos personales, copias de credenciales de elector, pasaportes e informes detallados de viajes y conversaciones.

Pegasus, programa usado para espiar a reporteros, activistas y defensores de derechos humanos

En los sexenios de los panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, donde Genaro García Luna, se desempeñó como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y como secretario de Seguridad Pública (SSP), respectivamente, se ha documentado que el espionaje a periodistas y medios de comunicación fue parte de sus actividades para conocer reportajes que involucraban a los gobiernos en turno.

Se registra que en la administración de Felipe Calderón, alrededor de 20 empresas originarias de Israel vendieron al gobierno federal mexicano, así como a gobiernos estatales, software y equipos para espiar tanto a políticos como a periodistas.

Ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 19 de junio de 2017, el diario estadounidense The New York Times reveló que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México fueron espiados a través de sus teléfonos celulares por medio del software de espionaje israelí Pegasus, el cual es vendido exclusivamente a gobiernos.

Se detalló que entre 2015 y 2016, diversos periodistas como Carlos Loret de Mola, columnista de El Gran Diario de México; Carmen Aristegui y su hijo, además de Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fueron objeto de ciberataques a través del software contratado por el gobierno de México.

El malware Pegasus de NSO Group se vende únicamente a entes gubernamentales y cada licencia de infección tendría un costo de 77 mil dólares.

Arely Gómez, entonces titular de la Función Pública y extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), defendió el uso legal de herramientas de inteligencia, tras darse a conocer el caso de espionaje.

Gómez apuntó que la PGR, al igual que cualquier fiscalía del mundo, cuenta con “sistemas y herramientas de inteligencia que se deben usar siempre dentro del marco jurídico.

“Durante mi mandato siempre fueron apegadas al marco jurídico, lo que la ley permite para poder combatir a la delincuencia organizada”, dijo.

AMLO niega que su gobierno utilice el programa Pegasus

El 6 de noviembre de 2019, consultado sobre un ataque de hackers que violó la seguridad de al menos 400 mil usuarios en 20 países, incluido México, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno utilice algún sistema de espionaje como Pegasus.

En esa ocasión el mandatario federal recordó que este software fue utilizado el sexenio anterior para espiar a opositores, periodistas y activistas, y reveló que existían equipos de espionaje sin usar, los cuales se compraron en la administración pasada.

“Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significa comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje; se gastaba muchísimo dinero. Hay todavía equipos sin usar que compraron en el gobierno anterior. (…) Entonces, nosotros no hacemos eso y no lo hacemos por una cuestión de principios”, aseguró. •