Las consecuencias de la seguridad reactiva en México

México no conoce de prevención. El pasado lunes lo vimos con los trágicos hechos en la Línea 12 del Metro y en el 2017, durante el sismo del 19 de septiembre, con la tragedia del colegio Rébsamen. En materia de seguridad lamentablemente no es distinto.

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Se llama Pedro y es originario de Zacatecas. Su mamá, una mujer víctima de trata de personas lo tenía con ella viviendo en la “casa de citas”. A los tres años, al padrote se le ocurrió que había también mercado para un niño de esta edad y rápidamente le enseñaron a dar sexo oral y tener relaciones sexuales. Su vida se volvió un infierno. A los ocho años de edad logró escapar, convirtiéndose en un niño más de los cientos que vemos en las calles. Al poco tiempo, fue recogido por el DIF estatal y llevado a un albergue.

Dicen que las conductas aprendidas son difíciles de combatir. Más, cuando fueron implementadas de forma constante durante la infancia. A los 14 años, Pedro tuvo relaciones sexuales con un niño de 9 y fue enviado a las autoridades correspondientes acusado de violación. Sentenciado con la pena máxima, las “reglas” no escritas en los centros de reclusión son claras: violador con violación paga. Entre tres lo violaron.

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La consecuencia más grande que tiene la corrupción y la impunidad en México es su estrategia reactiva continua para atender los temas de seguridad: más patrullas, más cámaras, más policías, más armamento más, más y más. Creemos, falsamente, que la justicia es sinónimo de la venganza.

De 2008 a 2018, en nuestro país se invirtieron más de 600 mil millonesde pesos en una estrategia de prevención del delito que desde su concepción presentaba un problemaoriginal, no tenía pies ni cabeza. No contenía indicadores para su medición e impacto. Con el tiempo, ante la ausencia de resultados, los proyectos fracasaron. Hoy no se apuesta por la prevención, porque “no se ve”, porque sus resultados llevan tiempo, porque es más sencillo engrosar programas sociales —necesarios muchos, pero insuficientes—, que trazar rutas de mediano y largo plazos para generar cambios estructurales.

Un ejemplo que ilustra la errática toma de decisiones y cómo afecta a la seguridad es la desaparición del Fortaseg, un subsidio de 4 mil millones de pesos que se repartía en aproximadamente 286 municipios. Los recortes al (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de 4.6%. O a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde el recorte presupuestal se desplomó en un 85% de 2019 a 2020.

Los recortes se justifican en el discurso de la “austeridad”. Se acusa corrupción, pero la corrupción no se combate recortando recursos sino castigándola. Y no hemos visto sanciones, más allá del discurso público.

Como país, tenemos que ir a la raíz para combatir eficazmente los vicios y problemáticas que acarreamos hace años. Las estrategias asistencialistas (necesarias como parte de una estrategia, pero insuficientes) no tienen más que un efecto inmediato que poco aportan en la transformación de fondo de la realidad de nuestro país.

Se acusa corrupción, pero no se combate con recorte de recursos sino castigándola. Y no hemos visto sanciones