Tragedia en Línea 12: negligencia política y empresarial

Más allá del cruce de acusaciones que se lanzaron ayer el equipo de Marcelo Ebrard y las empresas de Carlos Slim por la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro, la responsabilidad de los lamentables hechos recae en una mala planeación del presupuesto de infraestructura del gobierno de Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel

López Obrador, quienes han colocado sus prioridades políticas y proyectos estratégicos, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, por encima de obras de cobertura básica o de trabajos de mantenimiento, incluso castigando los recursos de los estados para dar cumplimiento con estos trabajos.

La directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, es el mejor ejemplo de esta peligrosa desviación en el enfoque, pues la encargada de garantizar el funcionamiento óptimo de la red de trenes más grande de Latinoamérica llevaba desde hace algunos meses dedicada a hacer análisis y proyecciones para la construcción del Tren Maya.

Mientras las líneas e instalaciones del Metro exhibían cada vez más desperfectos, que se materializaban incluso con colisiones entre convoyes y hasta un incendio en sus oficinas centrales, Serranía Soto despachaba desde sus oficinas privadas de Lago Zurich 245, en la colonia Ampliación Granada.

La anticipada participación de Florencia Serranía en la planeación del Tren Maya no debió haber pasado desapercibida para López Obrador, para quien la ingeniera y doctora por la University of London era una especialista en el tema; él mismo la colocó en la dirección General del Metro en 2004, luego de que contribuyó en su gobierno del Distrito Federal a reducir en más de 30% el presupuesto de la Red de Transportes Eléctricos desde la Dirección General de Planeación de Transporte, incrustada en la entonces Setravi, de Jenny Saltiel.

La doctora regresaría a la dirección General del Metro 12 años después, por invitación de su excolega en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Claudia Sheinbaum, aunque nunca abandonó su práctica privada.

La ubicación de la oficina de Serranía Soto en el complejo de Plaza Carso motivó señalamientos de un presunto vínculo entre la actual directora del Metro y las empresas de Carlos Slim, constructoras del tramo que corresponde a la estación Olivos.

Esto no ayudó en un principio a la estrategia que surgió desde la Cancillería para repartir las responsabilidades de la tragedia hasta en tres administraciones diferentes; sin embargo, ni la funcionaria que se aferra a su posición, ni la propia Claudia Sheinbaum, podrán librarse de señalamientos de negligencia.

En el caso de Ebrard y Grupo Carso, los daños podrían ser a mayor escala, con responsabilidades que pueden ser de tipo penal, si bien no para las cabezas, pero sí a los operadores del contrato de la Línea 12. En el centro del huracán se coloca el director de Carso Infraestructura, Antonio Gómez García, quien supervisó la construcción de la obra en 2013 y también habría hecho la revisión a su estructura tras los sismos de 2017.

Carso cambió las especificaciones técnicas de la construcción ‘aérea’ y, en lugar de fabricar las trabes de concreto, las hizo de acero, lo cual fue avalado por los calculistas de Grupo Colinas de Buen. La decisión ignoró las recomendaciones del estructurista favorito de AMLO, José María Riobóo, con lo que la firma de Slim benefició a su filial Swecomex.

La responsabilidad recae en una mala planeación del presupuesto